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La Ley de Obediencia Debida n.º 23 521 fue una disposición legal dictada en Argentina el 8 de junio de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que estableció una presunción (es decir, que no admitía prueba en contrario, aunque sí habilitaba un recurso de apelación a la Corte Suprema respecto a los alcances de la
Las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) y los indultos de Menem son conocidas como las leyes de impunidad, aunque las dos primeras fueron leyes votadas por el parlamento y con el libre juego de la oposición; en cambio el indulto fue una decisión unilateral, inconsulta y muy posterior a la sanción de
Obediencia debida , en dos palabras, es la expresión que significa ‘ obediencia que un funcionario presta a su superior jerárquico y que, en ciertas circunstancias, exime al funcionario subordinado de responsabilidad penal en los hechos ilícitos o delitos que pudieran cometerse al obedecer debidamente una orden
Ley 23.492 de Punto Final El 5 de diciembre de 1986, el entonces presidente Raúl Alfonsín anunció un proyecto que emplazaba abruptamente la presentación de denuncias por vulneración de los derechos humanos durante la dictadura. Fijaba un plazo de treinta días, tras el cual caducaba el derecho a reclamar justicia.
El indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena. Es una situación diferente a la amnistía, que supone el perdón del delito, ya que por el indulto la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena. El indulto puede ser total o parcial.
Las leyes de la última dictadura regulan muchos aspectos de nuestra vida cotidiana: desde el funcionamiento de los bancos y la relación del Estado con la Iglesia, hasta el régimen de tiendas libres de impuestos en aeropuertos (free-shop), pasando por la estructura judicial y aduanera.
El indulto es un beneficio que perdona la pena impuesta por la comisión de un delito. 6. El Indulto beneficia a personas que se encuentren con sentencia condenatoria ejecutoriada hasta un (1) año (días calendario), después de la publicación del Decreto de Amnistía e Indulto .
Se conoce como Juicio a las Juntas al proceso judicial realizado por la justicia civil en la Argentina en 1985 por decreto del presidente Raúl Ricardo Alfonsín (1983-1989) sobre los integrantes de las tres primeras Juntas Militares de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), debido a
Durante la gestión de Carlos Menem (1989-1999), se firmaron 545 DNU en 10 años de presidencia, un promedio de 54,5 decretos legislativos por año. Ninguno de los promulgados luego de 1994 fue verificado por el Congreso.
El deber de obediencia tiene sus límites , que están señalados por una exacta noción del fin con que actúa la autoridad y, además, por la naturaleza de la misma ley emanada de ella. Cuando pasa estos límites , su acción se convierte en ilegítima y está privada de la fuerza obligatoria.
La desobediencia en actos del servicio será castigada con un año de prisión, excepto en los casos siguientes: cuando fuere cometida en campaña, que se castigará con cinco años de prisión, y si resultare perjuicio a las operaciones militares, con diez años de prisión, y.
Se trata del cumplimiento de un mandato o una orden. Esta palabra se utiliza en diferentes contextos, como en la religión, el ejército, la familia o la educación. Procede del latín oboedientĭa, palabra derivada del verbo oboediere (obedecer), formada por ob (enfrentamiento, oposición) y audire (escuchar).
La Ley de Punto Final fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura.
El indulto, regulado en el artículo 99 inc. 5º de la Constitución Nacional, establece que el Presidente de la Nación puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal. Esta facultad adolece de las mismas restricciones que se indicaron con respecto a la facultad de concesión de amnistía.
La autoamnistía es un tipo concreto de amnistía por la cual un Estado decreta amnistía para sí mismo en cuanto a los crímenes que los funcionarios estatales puedan haber cometido.